Es por todos sabido que el mundo en el que vivimos organiza sus sociedades bajo la figura de estados fiscales que se sostienen exigiendo coherencia con los principios y bases del sistema. Y es por ello que en nuestro país asumimos como algo hasta cierto punto lógico que la recaudación por los impuestos ligados al valor de los inmuebles alcance el protagonismo que le corresponde.
No obstante, esta importancia o protagonismo no debiera llegar nunca a convertirse en un abuso, como en nuestra opinión y a lo largo de los años ha venido sucediendo, ya que se puede observar que la recaudación de estos impuestos ligados al patrimonio inmobiliario ha sido y sigue siendo objeto de oportunismo fiscal por parte de los sucesivos gobiernos.
Como muestra cabe señalar que el PIB de nuestro país, que en 1990 era de 401.684M€, se incrementó en 2,79 veces hasta 2020, mientras que la recaudación por IBI, que en 1990 fue de 1.500M€, llegó a alcanzar los 12.845M€; es decir 8,56 veces más, o lo que es lo mismo: la carga fiscal asociada al IBI se triplicó respecto al crecimiento del PIB, convirtiéndose en la principal fuente de financiación de los ayuntamientos.
Esto se ha debido en parte a que el IBI es un impuesto anticíclico, que grava la mera tenencia de los inmuebles, y que desde las instituciones se ha mantenido estable en momentos de crisis, sobreviviendo incluso a las burbujas inmobiliarias, y creciendo “camuflado” con el resto de los ingresos en los momentos de bonanza, en los que también lo hacía el conjunto de la economía.
Por otro lado, apuntar que no es sólo el IBI, sino que la presión fiscal inmobiliaria se ve afectada además por otros impuestos, como el impuesto sobre la plusvalía municipal, las transmisiones patrimoniales a cargo de las comunidades autónomas o la acumulación de inmuebles en la declaración de la renta por el estado central, haciendo de esta manera que España sea uno de los países de la UE con los impuestos más elevados sobre los inmuebles en propiedad y siguiendo una tendencia diferente a la del resto, donde los impuestos sobre este tipo de activos apenas han crecido o se han reducido durante estos años.
¿Qué se puede esperar durante los próximos años?
En nuestra opinión, el futuro que se espera para el contribuyente propietario de inmuebles en nuestro país no resulta nada halagüeño, ya que, aunque se aventura un crecimiento importante de la economía, las necesidades recaudatorias propiciadas por la elevada deuda que dejará la pandemia harán que la presión fiscal aumente, gravando las rentas, pero también y sobre todo el capital.
Como ya se ha comentado, el IBI tiene la particularidad de ser un impuesto anticíclico que se mantiene en épocas de crisis y se incrementa, o, mejor dicho, lo incrementan, camuflándolo, con el aumento de los ingresos.
Así es que, sufridos propietarios, queridos contribuyentes, apriétense los machos ya que no resultará nada extraño que una vez más el oportunismo político haga que, aprovechando el crecimiento de la renta durante los años de bonanza, se saque de la chistera un alza fiscal que convierta a este impuesto en un coche de carreras que deje kilómetros atrás la esperada subida del PIB. Y esto, queridos contribuyentes, será una vez más, puesto que, como es sabido desde hace tiempo, ya pasó. Y no lo digo yo, lo dice el Eclesiastés (Capítulo 1, versículo 9):
- ¿Qué es lo que fue?
- Lo mismo que será.
- ¿Qué es lo que ha sido hecho?
- Lo mismo que se hará; y no hay nada nuevo bajo el Sol.
S.P.
